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Gracias Ministro por hacer la vida más fácil.

En Junio del año pasado publicábamos la noticia sobre la decisión en pleno del Tribunal Supremo sobre el derecho a la asistencia jurídica gratuita tanto para trabajadores, funcionarios, sindicatos y beneficiarios de la Seguridad social cuando interpusieran recurso de casación o suplicación a sentencias del Juzgado de lo social, estableciéndose su carácter gratuito en contra de lo pretendido por Gallardón en su polémica Ley de Tasas.

Se basaba el Alto Tribunal en la no derogación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 1996 que reconocía la inexistencia de tasas en el orden jurisdiccional social: Se reconoce el beneficio de la  asistencia jurídica gratuita en el orden jurisdiccional social, además, a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.

Pero Gallardón no se da por vencido en su intención de hacer pagar a quien quiera recurrir una sentencia del Juzgado de lo social y así con la próxima entrada en vigor de la nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita va a cambiar esa redacción en la que se apoyaba el TS por esta otra: En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita para la primera instancia sin necesidad de acreditar previamente carecer de recursos a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social”.

Se entiende por tanto que para la segunda instancia (en recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia y el recurso de casación ante el Tribunal Supremo) no habrá asistencia jurídica gratuita y que por tanto tendrá que pagar quien quiera recurrir una sentencia desfavorable en materia de despidos, sanciones, reclamación de salarios o indemnizaciones, entre otras.

Se mantiene el carácter gratuito para los Sindicatos que recurran pero no para los ciudadanos que tendrán que pagar, en un nuevo intento del Gobierno por evitar el derecho de los ciudadanos a encontrar en los Tribunales la falta de justicia que hay en el actual mercado laboral.

El Gobierno va a dejar al Tribunal Supremo sin el artículo que fundamentaba su decisión de no pagar por recurrir.  Otra nueva medida contra las justicia del Ministerio de “Justicia”.

Laborser

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